La noche del 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, fueron atacados cinco veces durante cuatro horas consecutivas en la ciudad de Iguala, ubicada a tres horas de la Ciudad de México. La implacable lluvia de balas, dirigida contra un poco más de cien muchachos de una edad promedio de 20 años, dejó seis muertos, más de 20 heridos y 43 jóvenes desaparecidos. Luego de ocho años, uno de los jóvenes heridos sigue en coma.
En un país en el que los asesinatos de luchadores sociales, defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente y periodistas es una constante desde hace más de medio siglo, la Noche de Iguala constituye el acto represivo por parte del Estado con más víctimas desde el Jueves de Corpus en la Ciudad de México en 1971 y la matanza de Tlatelolco en 1968. El sacrificio de los normalistas fue ordenado desde las más altas alturas del Poder para liquidarlos como una fuerza organizada que frecuentemente se movilizaba a favor de los sectores más pobres del país y en contra de las injusticias.
Desde el principio, los gobernantes y políticos intentaron tergiversar y falsificar lo ocurrido. Inventaron que el martirio de los jóvenes se debió a que uno de los grupos de narcos que rivalizaba por el control de Iguala los confundió con delincuentes, lo que llevó a que los desaparecieran y exterminaran con la complicidad de policías municipales. Con esta patraña pretendieron que los mayores perpetradores de los crímenes, policías de otras categorías y militares, quedaran sin responsabilidad. Lo mismo que los autores intelectuales, seguramente el entonces presidente Enrique Peña Nieto, su séquito, y el gobernador Ángel Aguirre. Un monstruoso escarmiento político fue presentado como un asunto de nota roja.
Desgraciadamente el actual gobierno de AMLO ha intentado algo parecido con un Informe de la llamada Comisión de la Verdad, presentado en el pasado agosto, en el que se repite el cuento de que el móvil de las desapariciones fueron pugnas entre narquillos. Como dijo el 13 de agosto el compañero Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas, es evidente la inclinación del gobierno federal por “establecer una nueva verdad oficial del caso sin profundizar en todas las líneas de investigación aún pendientes y lamentablemente sin que se castigue a los responsables por este crimen de lesa humanidad.”
El Informe de la Comisión de la Verdad del gobierno de AMLO también oculta que los ataques fueron llevados a cabo principalmente por militares y la Policía Federal. Pesa demasiado en el presidente la alianza que mantiene con las fuerzas armadas. Sin embargo, para ganar credibilidad el gobierno ha apresado al ex procurador, autor de la “verdad histórica” y tal vez algunos mandos militares pisarán la cárcel por faltas menores, como el haber sido omisos al saber que los estudiantes eran agredidos. Estos pedacitos de justicia, conquistados por las familias de los mártires y los estudiantes, empero, no son suficientes para compensar la falta de verdad y de verdadera justicia que se merecen. Y por las que deberemos seguir luchando.
25 de agosto de 2022.
Este artículo forma parte de El Socialista No. 410
Septiembre 2022.
