Por Laura López
El comedor subsidiado de la Universidad Autónoma Metropolitana surgió en los años setenta como una conquista arrancada por la lucha conjunta de trabajadores y estudiantes. No fue producto de la generosidad institucional, sino una forma concreta de justicia social dentro de una universidad. Aquella victoria no solo garantizó la alimentación del alumnado, sino que aseguró condiciones materiales mínimas para que el derecho a la educación no dependiera exclusivamente del ingreso familiar. En la práctica, el comedor fue una política redistributiva que previne la deserción y ayuda a la permanencia.
El deterioro progresivo del servicio y su actual suspensión en términos regulares no son simples accidentes administrativos: constituyen el síntoma visible de un proceso más amplio de desmantelamiento de lo público. Comer no es un lujo ni un favor; es una condición elemental para pensar, aprender y crear. Negar ese derecho equivale a condicionar el acceso al conocimiento.
Pierre Bourdieu advirtió que “las necesidades biológicas insatisfechas son el modo más elemental y eficaz de subordinación”.. La necesidad se convierte en un instrumento político. Quien estudia con hambre difícilmente puede organizarse, exigir o cuestionar
Como señala Naomi Klein en La doctrina del shock, “el neoliberalismo avanza convirtiendo las crisis en oportunidades para privatizar lo público”. En la universidad, esa lógica se traduce en una serie de decisiones administrativas que trasladan recursos desde los espacios de redistribución hacia las áreas de gestión burocrática. El neoliberalismo no irrumpe con grandes reformas, sino que se infiltra silenciosamente en la gestión cotidiana: lo social se subordina a lo contable, lo colectivo a lo institucional y lo humano a lo administrativo. La universidad adopta así el lenguaje del mercado, donde el estudiante es cliente, el conocimiento mercancía y la educación, un costo a reducir.
El Dictamen Presupuestal 2026 refleja con claridad esta orientación. Mientras la Rectoría dispone de 24,486,622 pesos para su operación y gestión institucional, el conjunto de rubros destinados a la cafetería y al servicio alimentario apenas alcanza una fracción de esa cantidad: 9,200 pesos para la gestión de la sección, 3,911,655 para desayunos subsidiados, 3,350,714 para comidas, 1,618,705 para la operación general y 1,117,949 para mantenimiento. En total, menos de 10 millones de pesos para garantizar un derecho tan básico como alimentarse, frente a más del doble asignado a la administración central. El presupuesto no solo distribuye recursos, distribuye poder y define qué vidas se consideran dignas de inversión.
La crisis del comedor no puede separarse de otra crisis más profunda: la de la representación estudiantil. Los consejeros que deberían defender los intereses de la base estudiantil no consultan realmente a quienes dicen representar. Votan sin discutir con su comunidad, sin rendir cuentas y sin transparentar los criterios de sus decisiones. Su función, más que deliberar, parece ser legitimar decisiones tomadas desde arriba, administrar el descontento y mantener bajo control cualquier intento de organización autónoma. Han dejado de ser representantes para convertirse en intermediarios dóciles del poder institucional. En su silencio, muchos estudiantes reconocen ya no solo omisión, sino traición.
Mientras tanto, la universidad continúa invirtiendo en su aparato administrativo, en nuevas obras y en estructuras que refuerzan la jerarquía interna, mientras posterga la reparación del comedor y precariza las condiciones laborales del personal que lo sostiene. La paradoja es elocuente: una universidad que crece hacia arriba mientras se vacía hacia abajo. Cada retraso, cada excusa burocrática, cada recorte encubierto bajo el discurso de la eficiencia, forma parte de un mismo proceso: la normalización del deterioro. La modernización se exhibe en los edificios nuevos; el abandono, en los platos vacíos.
Defender el comedor subsidiado es la defensa contemporánea de la universidad pública. Su debilitamiento es un recordatorio de que los derechos sociales se desgastan cuando dejan de ser vigilados. Recuperar el comedor —con comida suficiente, de calidad y en condiciones dignas para quienes lo trabajan— es recuperar el sentido mismo de lo común.
La alimentación es frontera que separa la promesa de la educación de su posibilidad real. Por eso, este texto no es solo un llamado a la indignación, sino a la acción colectiva. La comunidad universitaria tiene derecho a saber cómo y en qué se gasta cada peso del presupuesto; tiene derecho a exigir transparencia, rendición de cuentas y prioridades que respondan a las necesidades reales de quienes sostienen la universidad con su trabajo y estudio.
Los órganos colegiados que votan sin consultar a su comunidad deben saber que su legitimidad no se impone por reglamento. Cuando el Consejo Académico aprueba decisiones que afectan directamente a la base estudiantil sin consultarla, confirma su carencia de autoridad moral y política. Frente a ello, la lucha debe pensarse y organizarse más allá de las estructuras que han dejado de representar al conjunto. La fuerza real está en la comunidad informada y movilizada, no en los sellos administrativos.
Hoy, el deber de la comunidad universitaria es claro: movilizarse para exigir transparencia en la asignación presupuestal, revisar cada partida, cada prioridad, y poner en el centro lo que nunca debió haberse relegado: el bienestar material de quienes hacen posible la vida universitaria. Nos corresponde defender el principio de una universidad verdaderamente pública y abierta al pueblo.
La exigencia es clara y urgente: que la universidad asuma como máxima prioridad la reapertura inmediata del comedor subsidiado y garantice su funcionamiento digno, eficiente, con alimentos de calidad y raciones suficientes para toda la comunidad.
Defender el comedor es defender la idea misma de universidad pública, popular y democrática. La historia del comedor demuestra que los derechos no se mendigan: se conquistan, se ejercen y se sostienen colectivamente.