Fue una gran noticia el tráiler sin chofer lanzado por los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en el enfrentamiento que tuvieron con la Guardia Nacional en la autopista a Acapulco el pasado viernes 4 de febrero.
La espectacularidad y peligrosidad del hecho, que ha sido casi unánimemente condenado por la derecha y el gobierno, oscureció el motivo de la protesta al grado del olvido de que los estudiantes siguen sufriendo la pérdida de cerca de 50 de sus compañeros.
Ningún conductor de tv o radio ni el presidente AMLO hablaron del inmenso pesar por el que pasan esos jóvenes que, a la fecha, siguen sin conocer justicia.
Sus severos detractores muy rápidamente olvidaron lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, cuando policías y Ejército desaparecieron a 43 jóvenes, asesino ahí mismo a 5 y uno más, Aldo Gutiérrez, recibió un balazo en la cabeza y aún continúa en coma.
Los que hablaron ahora contra Ayotzinapa tampoco dijeron nada sobre la traición que estudiantes y familiares vienen recibiendo desde la cima de la 4T, que prometió desde su campaña, que se esclarecería la desaparición y castigaría a los responsables.
La 4T ya tiene más de tres años en el poder y no ha cumplido ninguna de sus promesas con Ayotzinapa. Ni lo hará. Amlo tiene un pacto con los militares, los principales perpetradores de la represión de septiembre de 2014. Amlo acusa al movimiento de Ayotzinapa de estar infiltrao y la pregunta sería ¿por quién? ¿Por el crimen organizado que tantas veces se ha demostrado que tiene lazos con el gobierno? ¿Por el gobierno mismo? ¿Por los militares? Pero si todos ellos forman parte de la propia estructura estatal. Si el movimiento tuviera esa infiltración, Amlo no los atacaría, porque a sus aliados, a sus amigos, los protege, los encubre.
El gobierno en lugar de atender y apoyar al normalismo rural se dedica a reprimir, a descalificar o criminalizar siempre que puede y en todo sitio, como el encarcelamiento de 95 compañeras en Mactumaczá, Chiapas; la criminalización de las dos compañeras de Teteles que perdieron la vida en un boteo en Puebla; el cierre y parcial reapertura El Mexe, Hidalgo; la criminalización y represión a los normalistas de Tiripetío, Michoacán donde 65 compañeros puedieran ser encarcelados por delitos fabricados; o como la más reciente acusasión infundada de “infiltración”, y así un largo etcétera.
El dolor, la desesperación y la justificada ira no deben torcer la táctica de los que buscan la verdad y la justicia, porque el enemigo de clase se aprovechará de nuestros errores para hablar de ellos y no de los tremendos problemas que afligen al pueblo. Sin embargo, a 7 años, no hay que perder de vista que fue y es el Estado el culpable de estos hechos y que la pregunta que debe anteponerse antes de cualquier tipo de juicio es: y los 43 ¿Dónde están?
Partido Obrero Socialista – México