Esta vez empezaremos por lo menos importante: Vidulfo Rosales, el abogado de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa, ha dejado ese cargo para trabajar estrechamente con el presidente de la nueva Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, un indígena amigo del Poder y adversario de sus congéneres. Mientras tanto, el Centro Tlachinollan, institución ligada a la Iglesia Católica que asesoraba a las familias de Ayotzinapa a través de Vidulfo, continuará haciéndolo, en una situación de conflicto de interés: Tlachinollan, a través de Vidulfo Rosales, se integra al régimen de la 4T mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum es enemigo de Ayotzinapa. No se puede servir a dos amos, a la 4T y a Ayotzinapa: Tlachinollan tomó partido por colaborar directamente con el Poder.
Hugo Aguilar Ortiz fue funcionario en el pasado Gobierno. Desde su puesto en el instituto de los pueblos indígenas fue un incondicional del presidente AMLO y el operador de ilegales y amañadas consultas que legalizaron despojos a las comunidades para el Tren Maya y el corredor interocéanico. También está involucrado en el encubrimiento de un chat de abuso sexual de indígenas (Diario de Yucatán, 4/06/2025).
Los estrategas del Gobierno federal y de la 4T saben que el nuevo poder judicial, electo con menos de 13 millones de votos (de cerca de 100 millones posibles) y con fraudulentos acordeones, nace desacreditado, sin respaldo popular y es evidente que será obediente de AMLO y la 4T. Será un Poder sin independencia que sustituirá al anterior y antipopular poder judicial. Pero aun antes de nacer el nuevo “poder judicial” ya necesita una lavada de cara que le dará el licenciado Vidulfo, que representó la causa más noble del pueblo mexicano, los normalistas de Guerrero desaparecidos en Iguala hace 11 años.
Es el uso político de un indígena para mostrar una Corte Suprema “cercana” a los más vulnerables; y es la manipulación del emblema de Ayotzinapa para mostrar a un presidente de la Corte que parecerá próximo a las injusticias.
Es una ilusión y un engaño creer que basta con que una persona honrada como el compañero Vidulfo ocupe un cargo público para que supongamos que desde esa posición va a poder favorecer los intereses del pueblo. La experiencia de décadas nos hacer ver que el Poder (antes del PRIAN, hoy de Morena) está organizado para favorecer a las clases empresariales y privilegiadas, nunca a los explotados y oprimidos.
Pero decíamos que esto no es lo más importante.
Atrás de estos menjurjes están los tejes manejes del Gobierno y la Iglesia Católica. El Centro Tlachinollan es financiado por una orden religiosa, que en ocasiones tuvo duras fricciones con AMLO pero ahora presenta el mayor ánimo cooperativo con el gobierno. O tal vez haya que decirlo de otra manera: es la sumisión de Tlachinollan ante la actual presidenta. Por ejemplo, Sheinbaum desde que asumió el cargo les dijo crudamente a los familiares de Ayotzinapa que no le exigiría al Ejército que entregue unos folios, unos documentos que todo indica contienen el destino final de los estudiantes desaparecidos. La Presidenta designó a un nuevo fiscal que se encargará del caso pero nunca consultó tal nombramiento con los interesados. Sin embargo, el representante de Tlachinollan, Abel Barrera, afirma que “hay apertura de la presidenta y un nuevo fiscal que obviamente está tomando las líneas que han dibujado madres y padres” (Amiel Martínez, Animal Político, 21 agosto). Cualquiera que tenga un poco de información, sabe que en los hechos no existe desde el Poder una real “disposición para atender las demandas de los familiares”, como aseguró Barrera.
El Centro Tlachinollan tiene una larga, eficiente y sacrificada trayectoria de apoyo al pueblo de Guerrero pero ahora los que lo conducen, al pasar a formar parte del régimen de la 4T, han puesto los intereses de la Iglesia por encima de la verdad y la justicia, por encima de Ayotzinapa.
El Partido Obrero Socialista desde 2022 le ha dirigido Cartas Abiertas a los familiares de los desaparecidos para que busquen otro camino, porque los gobiernos de la 4T terminaron sólidamente aliados con el Ejército, principal responsable de los crímenes de la Noche de Iguala.
Ayotzinapa podría apelar a la intervención de la Corte Penal Internacional y a la Comisión de Desaparecidos de la ONU, para que, al tiempo que se presiona con movilizaciones en las calles, estas instituciones internacionales investiguen, den con la verdad y el paradero de los jóvenes estudiantes desaparecidos. Eso es lo que hay que hacer y olvidar las estériles y desmoralizantes reuniones mensuales con la presidenta.