Ayotzinapa y el VI Informe del GIEI.

Grandes avances y considerables limitaciones

Por Cuauhtémoc Ruiz, militante del POS.    5 de agosto de 2023

En octubre de 2014, pocos días después de la Noche de Iguala, en la que fueron asesinados seis estudiantes y 43 fueron desaparecidos, ya no fueron vistos los indigentes de esa ciudad. Es muy probable que las autoridades hayan ordenado matarlos para simular que sus cuerpos, depositados en una fosa, eran los restos de los chicos de Ayotzinapa. Esta hipótesis aparece en el VI informe del grupo de expertos extranjeros que vinieron a esclarecer la tragedia de los jóvenes. También allí se afirma que la Marina participó torturando y asesinando a personas a las que el gobierno de Peña Nieto pretendió culparlas injustamente de la agresión a los alumnos normalistas. Pero el Ejército es el que sale peor librado de las indagaciones de los expertos… 

Se van de México estos especialistas. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –GIEI- entregó en julio pasado su sexto y último reporte, que es una bomba para el Ejército (y para el gobierno de la 4T), acusado de obstruir las investigaciones y de impedir el esclarecimiento del caso, ya que es evidente que tuvo participación en el horrendo crimen, que cada vez es más claro fue una represión política.

El GIEI llegó en 2015 por exigencia de los familiares de las víctimas, que no tenían confianza en la entonces PGR (Procuraduría), que dijo que los estudiantes habían sido confundidos de ser narcos por otro grupo de facinerosos que, ayudados por policías municipales corruptos, los mataron e incineraron en un basurero.

El GIEI demostró que tal versión de la PGR era una mentira. En 2016, el grupo tuvo que salir del país, en choque con el gobierno.

Una de las banderas gracias a la cual López Obrador ganó en 2018 la elección presidencial fue la promesa de justicia y verdad para los normalistas. En 2019 creó una comisión de la verdad (COVAJ) y una fiscalía especial (UEILCA) que se encargaron del asunto. También se invitó al GIEI, que regresó al país en 2019. El grupo de expertos se va otra vez, en este 2023, pues denunció que no puede seguir trabajando ya que tanto el Ejército y la FGR (el gobierno de AMLO) ocultan información imprescindible.

Como lazo de cochino

Hace años se decía que en México había tres instituciones a las que no se podía tocar: la virgen de Guadalupe, el presidente y el Ejército. En el VI Informe los expertos extranjeros critican duramente a las fuerzas armadas, como nunca antes había ocurrido. Con pruebas y evidencias demuestran que la institución es “mentirosa” y ha omitido “dolosamente” información para impedir el acceso a la verdad. Confirman la colusión con el narco de los militares del lugar y demuestran que hasta el secretario de la Defensa Nacional de esos años, el general Cienfuegos, tenía y pedía información sobre los normalistas en los días previos a ser atacados.

Ninguna instancia se salva de los hallazgos del GIEI. Todas las policías de Guerrero, la Procu de esa entidad, la Policía Federal (hoy Guardia Nacional), policías de al menos cuatro municipios estuvieron implicadas en la emboscada a los jóvenes. La PGR, la Marina, el CISEN montaron el teatro del basurero de Cocula, en donde supuestamente fueron incinerados los chicos.

Se confirma que el Ejército había infiltrado a los estudiantes con soldados que se hacían pasar como alumnos. La SEDENA tenía el control del C-4 en Chilpancingo y en Iguala; éste es el sistema de cámaras cuyos videos borró, editó o destruyó para no dejar marcas de sus huellas. También el Ejército ha cambiado de lugar documentación, para que no pueda ser consultada, o simplemente la han eliminado.

Las mentiras de la SEDENA lindan con el humorismo involuntario. Por ejemplo, ha negado la existencia del Consejo Militar de Inteligencia (CMI), un aparato clave de los mecanismos contrainsurgentes y de espionaje. Cuando el GIEI les mostró documentación de la propia SEDENA y del gobierno de Guerrero que alude al CMI, los uniformados contestaron que esas siglas quieren decir… “Consejo Mediático de Información” (¡!).  Cualquier cosa vale para la SEDENA si obstaculiza la verdad.

De la lectura de las 300 páginas de este informe surge la certeza de que la salvaje agresión en Iguala fue una acción previa y cuidadosamente planeada y orquestada por el Estado mexicano, con el Ejército a su cabeza y al parecer con el concurso también estelar del gobierno de Guerrero.

Una de las novedades en las pesquisas recientes de los expertos es que han considerado como una causa importante de la agresión del Ejército a los jóvenes lo que llaman acción “contrainsurgente”, es decir, para la institución armada era necesario reprimir su espíritu rebelde. Aunque el GIEI sigue apostando a que lo que motivó el ataque a los alumnos fue que, sin saberlo, se apoderaron de un autobús cargado de droga o dinero del narco.

Pero los perpetradores no previeron que tras la Noche de Iguala vendría un gran movimiento nacional e internacional de protesta. El gobierno de Peña Nieto no es el único desnudado, lo son también instituciones del actual, como la FGR, a la que se le denuncia por estar infestada de funcionarios que vienen de la PGR y que estuvieron involucrados en torturas para fabricar culpables. Estos sujetos sabotean el trabajo de investigación y protegen a perpetradores. La misma FGR de Gertz Manero-AMLO es acusada de asesinar a testigos clave, como el narco El Caderas, cosido a tiros en 2022 en lugar de ser aprehendido. Los muertos no hablan.

El año pasado la COVAJ y la UEILCA fueron desnaturalizadas. La primera fue traicionada por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas -empleado del presidente-, que hizo a un lado a los padres de familia que formaban parte de ésta.  La fiscalía especial fue descabezada, y su titular, Omar Gómez Trejo, que gozaba de la confianza de las víctimas, fue obligado a renunciar. La UEILCA fue vaciada, es decir, el 90 por ciento de su personal, especializado en el caso, fue removido.

México bajo la presidencia de AMLO es un país en el que cerca de 50 jóvenes estudiantes fueron asesinados o desaparecidos sin que casi nueve años después se sepa quién o quiénes fueron los responsables, debido a que la SEDENA puede negarse a entregar información y documentos, lo que el presidente acepta. A pesar de la atrocidad de los crímenes, no hay un solo condenado o sentenciado. 

Limitaciones

Los miembros del GIEI hicieron un gran trabajo. Terminaron por tumbar las mentiras de Peña Nieto y avanzaron hasta donde pudieron en la investigación. Hasta que toparon con obstáculos insuperables, el más serio de los cuales es la protección que AMLO da a las fuerzas armadas y a los ex funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre en Guerrero. Los integrantes del grupo soportaron las andanadas, groserías y calumnias del pasado gobierno. Fueron valientes. Se entregaron a su tarea con profesionalismo y al mismo tiempo con respeto y afecto por las víctimas. Sus esfuerzos son una de las razones de la heroica fortaleza de las madres y padres de los muchachos asesinados o ausentes. Dos de sus cinco integrantes fueron mujeres.

Para el GIEI, el estado de Guerrero es el territorio de la delincuencia organizada que ha contaminado y degenerado al Estado y a la casta política y militar. Y es el que explica, para el grupo, lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Pero hay otro Guerrero, que apenas apareció en unas pocas líneas del extenso documento de julio. Es el estado de Guerrero de las luchas indígenas, campesinas, sindicales y magisteriales. Y estudiantiles. Es el territorio en el que más se han desarrollado, con los altibajos del caso, las policías comunitarias y ciudadanas. Este Guerrero de las protestas populares, de las luchas contra megaobras destructivas y de resistencia contra los empresarios mineros y otros depredadores de la naturaleza y de los espacios de las comunidades, es el que era imperativo para los gobernantes sofocar. Pensamos que aquí está el secreto de la emboscada a Ayotzinapa.

También es necesario mirar a las cadenas de mando hasta llegar a sus cimas: los generales, el gobierno del PRD en Guerrero en 2010-2015, la SEGOB y el mismo Peña Nieto.

El GIEI se equivoca al recomendar que las familias de los desaparecidos colaboren con la COVAJ y la nueva UEILCA, instituciones en las que no se puede confiar. Como ya hemos dicho antes, la búsqueda de verdad y justicia sólo puede estar fuera de México y existen la Corte Penal Internacional y la Comisión de la ONU para desapariciones forzadas. 

La llegada del GIEI a México en 2015 simbolizó que las instancias del sistema político mexicano, como la PGR y la CNDH, eran incapaces de hacer frente a la tragedia de Iguala, porque el pueblo y las víctimas no tenían ninguna confianza en ellas. La salida obligada de México este año 2023 del GIEI simboliza en esencia lo mismo que hace ocho años: las instituciones del régimen y del gobierno de la 4T son impotentes de conseguir verdad y justicia.