En las más de 100 páginas del informe del gobierno de AMLO sobre los crímenes cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa, no existe una palabra sobre la larga historia de represión contra el pueblo de Guerrero llevada a cabo por el Estado, especialmente por los militares. Si bien esta guerra contra el pueblo ocurrió en todo el país, en Guerrero fue evidentemente más amplia y sangrienta. Es imprescindible referirse a este constante y sistemático actuar del Estado contra los sectores del pueblo que protestan para entender que la Noche de Iguala de 2014 constituyó un importante episodio de este historial de represión. Sólo en la llamada “Guerra Sucia”, en los años 70s., fueron desaparecidos y asesinados más de 500 personas, en su mayoría campesinos pobres, a manos del Ejército.
En 1995 policías estatales atacaron a miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que se dirigían a un acto para exigir la presentación de uno de sus compañeros desaparecidos. Murieron 17 y 21 resultaron heridos.
Tres años después un destacamento del Ejército asesinó en una escuela de Ayutla, en El Charco, a 11 campesinos y algunos integrantes del EPR, todos ellos se encontraban desarmados.
Esta trayectoria de uso de la violencia por parte del Estado no es algo del pasado.
Nuestro compañero Cuauhtémoc Ruiz escribió el folleto “La guerra del Estado contra los insumisos”, en el que registra los hechos de represión más importantes de este siglo en Guerrero, que son numerosos, crueles y sangrientos. Y que a la fecha no terminan. Hace pocos meses fue desaparecido Vicente Suástegui, hermano de Marco Antonio, líder de los pueblos que se opusieron a la construcción de la presa La Parota. No se sabe en dónde está.
Muchos de los hechos represivos relatados podrían ser clasificados como terrorismo de Estado. El capítulo IV de la obra citada se llama precisamente “Entrenados en reprimir.” En ella se cuenta de la lucha de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y de Coyuca de Benítez. Sus líderes fueron torturados y capturados por policías y soldados fines del siglo pasado y en 2001 fue asesinada su abogada, la legendaria Digna Ochoa, que previamente fue amenazada por militares. En diciembre de 2011 otros de sus dirigentes, Eva Alarcón y Marcial Bautista fueron desaparecidos por policías y soldados. Hoy no se sabe nada de ellos.
En ese mes de diciembre de hace 11 años las fuerzas represivas de Guerrero y la PF llevaron a cabo una “Noche de Iguala en miniatura”, en la que asesinaron a dos estudiantes de Ayotzinapa, hirieron a más de 20 y torturaron a decenas. Videos y fotografías mostraron la responsabilidad del Estado y especialmente del gobernador Ángel Aguirre. Pero sólo dos policías pasaron unos meses en la cárcel.
Los asesinatos de Víctor Ayala Tapia, de los dirigentes del Movimiento Social Indígena de La Montaña, de 11 periodistas, de Javier Torres Cruz, etcétera, etcétera, son reportados. En 2011 la CNDH difundió que en ese año se registraron mil 526 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional. 11 años después, en este año 2022, AMLO asegura que el Ejército es del pueblo, exige que la Guardia Nacional (de más de 100 mil integrantes) pase a su mando y administración y en el Informe que presentó sobre los desaparecidos de Ayotzinapa aparece como una institución sólo omisa ante crímenes que ocurrían en sus narices.
Este artículo forma parte de El Socialista 410 Septiembre 2022.
