El gobierno de López Obrador suspendió en febrero de 2019 el programa de visas humanitarias y de trabajo para los migrantes centroamericanos. Ante una severa presión norteamericana, el “pase automático” de un año que se les daba, con la posibilidad de libre tránsito, trabajo, seguro social, etc., por territorio mexicano, fue cancelado.
Junto con ello AMLO adoptó el programa “Permanecer en México” mediante el cual aceptó que Estados Unidos devolviera a nuestro suelo a solicitantes de asilo en aquel país mientras las autoridades norteamericanas procesaran sus solicitudes (entre seis meses y un año de espera).
Varias organizaciones de Estados Unidos demandaron a Trump. La Unión por Libertades Civiles denunció que el procedimiento de devolución viola el principio jurídico norteamericano de acceso a abogados, a debido proceso, la Ley de Procedimiento Administrativo y al derecho de asilo.
La devolución desconoce el principio fundamental del derecho internacional de asilo, el no regreso a un país inseguro y es evidente que las ciudades mexicanas son todo menos ciudades seguras, escribió Jorge Castañeda hace cinco años. Acontecimientos parecidos hoy podrían repetirse, aunque agravados, porque podrían involucrar el destino de millones de mexicanos que viven indocumentados en los EUA, en peligro de ser deportados por el mismo Trump, que dijo en un mitin en Ohio el 16 de marzo de 2024 que los mexicanos “no son personas.”
La sucesora y continuadora de la obra de AMLO, Claudia Sheinbaum, se apresta a traicionar a nuestros paisanos en peligro. Sobre defenderlos o auxiliarlos para que se mantengan en el país vecino, no ha dicho una palabra. Para ella lo único que cabe es “tener planes” para recibirlos. El presupuesto del gobierno no incluye una partida para defender a los cinco millones de connacionales, salvo menos de 500 millones de pesos para auxilio consular, una migaja.
Entre otras medidas que el gobierno podría adoptar está la de anunciar que en el caso de que Trump deporte a los migrantes, entonces México hará algo parecido con aquellos estadounidenses que radican en suelo nacional y que tengan irregularidades en sus documentos o que hayan incurrido en delitos graves. Podría haber un millón de norteamericanos que viven en suelo mexicano y en general lo hacen apaciblemente. Pero si un 1-3 % están en falla serían alrededor de 30 mil que habría que devolver cortésmente a su país. El solo citar a ese millón a las
oficinas mexicanas para revisar sus papeles sería una medida de dignidad nacional y de gran presión para el arrogante búfalo racista que habitará la Casa Blanca.