Por Laura López
Desde hace días, un grupo de obreros despedidos de Altos Hornos de México mantiene un plantón permanente frente a Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México. Llegaron ahí en una búsqueda desesperada de justicia, con la esperanza de ser atendidos directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los trabajadores consideran que su situación amerita una respuesta al más alto nivel del Estado.
Sin embargo, hasta ahora, no han sido recibidos ni escuchados. Resulta profundamente contradictorio que un gobierno que llegó al poder con el voto y el respaldo mayoritario de la clase trabajadora mantenga en la intemperie a quienes entregaron su vida entera a una de las industrias más importantes del país. Esta omisión revela, una vez más, que el Estado está estructurado para preservar los privilegios empresariales, incluso cuando eso implique abandonar a quienes producen la riqueza y sostienen el país.
Una vida entera entregada al acero
Los testimonios de los obreros son contundentes. Muchos dedicaron 20, 30 y más de 40 años de su vida a AHMSA. Entraron jóvenes, se formaron dentro de la planta, construyeron sus familias con ese trabajo y tenían la expectativa de que sus hijos también pudieran trabajar ahí, como ocurrió durante generaciones en la región. Para ellos, la siderúrgica no era sólo un empleo: era un proyecto de vida, una identidad colectiva y una promesa de futuro que se transmitía de padres a hijos.
Desde la experiencia cotidiana del trabajo, los obreros relatan que la empresa seguía siendo rentable. La quiebra fue responsabilidad de los dueños y del mal manejo administrativo y la corrupción.
Durante décadas, AHMSA fue una industria estratégica para México. El acero producido ahí alimentó obras, infraestructura y desarrollo nacional. Los trabajadores hablan con orgullo de su contribución al progreso del país y saben que su esfuerzo fue un aporte real y concreto a la sociedad. Hoy, bajo la lógica neoliberal, ese trabajo es tratado como desechable, como si décadas de esfuerzo pudieran borrarse con un expediente judicial.
Indemnizaciones condicionadas y justicia administrada
Recientemente, el Juzgado Segundo Especializado en Concursos Mercantiles recibió de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) la lista definitiva y el cálculo de las indemnizaciones para los ex trabajadores de AHMSA-MINOSA. Este cálculo servirá como parámetro para una eventual dispersión de recursos, siempre y cuando se concrete la subasta de la empresa, programada para el próximo 27 de febrero.
Según la sindicatura, el pago podría realizarse entre dos y tres meses después de la venta. Sin embargo, no se ha aclarado bajo qué criterios legales se realizaron los cálculos, ni qué ocurrirá si la subasta fracasa. Lo que sí saben los trabajadores es que ser liquidados bajo la lógica de la quiebra significa no recibir la totalidad de lo que les corresponde, pese a haber entregado toda una vida de trabajo duro, productivo y socialmente indispensable.
Aquí se revela una injusticia estructural del neoliberalismo: cuando el capital fracasa, las pérdidas se descargan sobre la clase trabajadora; cuando genera ganancias, estas se privatizan. El sistema protege a los empresarios y administra la miseria obrera con lenguaje técnico y procesos legales que encubren una violencia sistemática.
Una región devastada, familias rotas
El cierre de AHMSA trastornó por completo la vida en la región. Los trabajadores describen un deterioro acelerado del tejido social: comercios cerrados, endeudamiento masivo, empobrecimiento generalizado y un aumento de la delincuencia como consecuencia directa de la falta de empleo y oportunidades. Miles de familias que dependían directa o indirectamente de la empresa vieron empeorar drásticamente sus condiciones de vida.
El golpe más profundo fue humano. Al quedarse sin empleo, muchos hijos de los trabajadores que están hoy en el plantón frente a Palacio Nacional se vieron obligados a migrar en busca de trabajo, separando familias y rompiendo comunidades. El cierre de la empresa no sólo significó desempleo: significó familias fragmentadas, comunidades desarticuladas y un horizonte devastado.
No fue sólo una fábrica la que cerró. Fue un modo de vida el que fue destruido. Y una vez más, cuando el capital se retiró, el Estado también desapareció.
Plantarse para no desaparecer
Viajar cientos de kilómetros y sostener un plantón durante días, durmiendo a la intemperie frente a Palacio Nacional es un acto de conciencia, dignidad y resistencia de clase. Los obreros de AHMSA están exigiendo justicia. Exigen que se reconozca que la riqueza hoy disputada en tribunales fue creada con su trabajo, con su cuerpo y con su vida.
Su lucha interpela a toda la clase trabajadora del país. El plantón es una denuncia viva del modelo neoliberal que trata a los trabajadores como piezas descartables. También es una acusación directa a un Estado que administra la miseria obrera mientras garantiza certidumbre y protección a los empresarios.
Los obreros de AHMSA son hoy un ejemplo para los trabajadores de México. Un ejemplo, desde el Zócalo, recuerdan una verdad elemental: sin justicia para la clase trabajadora, no hay legalidad legítima. Y mientras no sean escuchados, su presencia seguirá siendo una herida abierta en el corazón político del país.