Por Lois Danks
Los inmigrantes, especialmente los indocumentados, son vitales para el capitalismo porque realizan trabajos peligrosos y mal remunerados. Las falsas declaraciones de que las deportaciones masivas ayudarán a los trabajadores y a la economía de EE. UU. son una manera de culpar a los inmigrantes por la creciente crisis económica global del capitalismo.
Siempre que los capitalistas necesitan culpar a alguien por la guerra, el crimen o la pobreza, señalan a los inmigrantes. Las personas de color y los izquierdistas también son chivos expiatorios comunes. Los llamados a deportaciones masivas se utilizan para dividir a la clase trabajadora usando el racismo para sofocar las crecientes revueltas de los trabajadores. Estas acciones tienen devastadores impactos en todos los trabajadores, en la economía de EE. UU. y en los países de origen de los migrantes.
Las detenciones y expulsiones a gran escala no son nada nuevo. Las redadas de Palmer en 1919 y 1920 fueron parte del Temor Rojo después de la Primera Guerra Mundial. La exitosa Revolución Rusa y el creciente descontento laboral amenazaban las ganancias del capitalismo. Las redadas del Departamento de Justicia se enfocaban en presuntos socialistas, anarquistas y comunistas, sobre todo los organizadores laborales, y dirigían sus ataques contra inmigrantes italianos y judíos utilizando el racismo y el miedo al comunismo para dividir y controlar a los trabajadores. Se encarceló a 6,000 personas en 36 ciudades, pero debido a la protesta pública, solo 556 fueron deportadas.
Durante la Gran Depresión en la década de 1930, cerca de 2 millones de mexico-americanos, de los cuales más de la mitad eran ciudadanos estadounidenses, fueron sacados de sus lugares de trabajo y hogares. Se les etiquetó como “extranjeros ilegales”, se les subió a trenes y autobuses, y se les botó en México. Chivos expiatorios de la profunda pobreza y la escasez de empleo de la época, los inmigrantes fueron separados de sus familias durante estas “campañas de repatriación”. La transferencia de dos millones de consumidores y trabajadores en realidad aumentó la pobreza en los EE. UU. y empeoró las condiciones en sus países de origen.
En 1954, la “Operación Espaldas Mojadas” utilizó a la Patrulla Fronteriza con tácticas militares para deportar a ciudadanos estadounidenses, así como a trabajadores mexicanos y centroamericanos. Fueron acusados de quitarles empleos a los “verdaderos estadounidenses”, pero la verdad es que querían mermar la vigorosa organización sindical de los trabajadores agrícolas migrantes y calmar la demanda de México de que regresaran sus trabajadores.
Poco después, se promulgó el programa Bracero para traer de nuevo a trabajadores temporales mal remunerados, necesarios para la agricultura de EE. UU. Estos trabajadores no tenían derechos laborales y padecían robos de salarios, condiciones peligrosas, golpizas y agresiones sexuales, sin posibilidad de conseguir ayuda pues temían que los deportaran.
Las siniestras amenazas de hoy
Trump y sus ministros designados, el asesor político Stephen Miller y el zar fronterizo Thomas Homan, difunden mentiras racistas y crueles, declarando que deportarán a todos los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Cuando se le preguntó sobre la separación de familias, Homan respondió: “Bueno, pues toda la familia se puede ir”. Estos extremistas planean usar el ejército y las fuerzas del orden locales descaradamente, además de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, no solo en los puntos de entrada, sino en todo el país.
Las corporaciones privadas de prisiones y las grandes empresas tecnológicas obtendrán enormes ganancias, ya que se utilizará más vigilancia y se construirán más cárceles para detener a aquellos que no puedan ser deportados de inmediato. Todo esto para una población indocumentada que representa solo una cuarta parte del uno por ciento de la población de EE. UU.
Además de todo esto, bajo el pretexto de la necesidad de una mayor seguridad nacional, el equipo de Trump planea una nueva prohibición contra musulmanes, el fin de la ciudadanía por nacimiento (garantizada en la Constitución de EE. UU.) y la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
La TPS protege a 1,2 millones de personas, incluidos haitianos, libaneses, ucranianos y otros que no pueden regresar a sus países de origen de manera segura debido a guerras o desastres naturales. Si Trump reinstaura su política de “Permanecer en México”, que el presidente Biden eliminó, los solicitantes de asilo tendrían que presentar su solicitud en un tercer país y esperar indefinidamente en el mismo.
Dado que dos tercios de las personas indocumentadas llegaron legalmente pero excedieron el tiempo permitido por sus visas de estudiante, trabajo o turista, cerrar las fronteras no reducirá su número en la medida que espera la derecha. No se planean nuevas opciones para hacerse ciudadano. El objetivo es aumentar el racismo y la división, y crear miedo, fomentando la “autodeportación” y desalentando los cruces fronterizos.
Por supuesto, los más afectados serán las personas de color bajo el racista lema de “Hacer América Grande (y Blanca) de Nuevo”. Trump incluso ha indicado que no permitirá visas para migrantes de países “de mierda”. Los inmigrantes ricos del norte de Europa y los altamente calificados serán bienvenidos con visas H1B para crear negocios u ocupar empleos profesionales.
Impacto económico peligroso
Si se implementan incluso unas pocas de estas amenazas, el resultado será desastroso para la economía de EE. UU. y para todos los trabajadores, tanto ciudadanos como inmigrantes (con y sin permisos de trabajo). Aquellos que no son ciudadanos representan más del 5 por ciento de la fuerza laboral de EE. UU. Por ende, la pérdida de muchos trabajadores esenciales en los sectores de salud, construcción, cuidado del hogar, alimentos y hotelería hará que los costos de vivienda y atención médica aumenten, y que los servicios sean mucho más difíciles de conseguir. Los precios de los alimentos subirán debido a la escasez de trabajadores agrícolas y la necesidad de importar más alimentos.
Según el Consejo Americano de Inmigración (American Immigration Council), el Producto Interno Bruto (PIB) de EE. UU. se reduciría en $1,7 billones. Los trabajadores indocumentados no pueden recibir beneficios gubernamentales, pero sí contribuyen al Seguro Social y Medicare; por lo tanto, estos programas perderían $28,3 mil millones al año. Otra pérdida de $46,8 mil millones en impuestos federales y $29,3 mil millones en impuestos estatales reduciría aún más los ingresos.
Por otro lado, el costo de la detención y deportación de un millón de personas en solo el primer año se estima en $88 mil millones y muchos países no querrán o no podrán aceptar a los deportados; por eso, las corporaciones privadas de prisiones están planificando con entusiasmo obtener enormes ganancias por la construcción y operación de nuevas cárceles en EE. UU.
Por otra parte, rara vez se menciona el impacto que las deportaciones masivas tienen en los países receptores. Los estudios muestran que la pérdida de remesas aumenta la pobreza y provoca más deserción escolar y mayor criminalidad en los países de origen. Los salarios se desploman debido a que más trabajadores están desesperados por encontrar empleo. Los gobiernos se enfrentan a costos más altos en los servicios sociales y deben brindar apoyo a personas deportadas que nunca antes habían vivido allí.
Las deportaciones masivas perjudican, dividen y someten a todas las personas trabajadoras y todos debemos combatirlas.