Por Cuauhtémoc Ruiz
Los miles que marchamos enérgicamente el pasado 26 de septiembre en la ciudad de México ratificamos que la Noche de Iguala ya está en la conciencia de la sociedad mexicana, como una fecha a conmemorar combativamente los próximos años, porque se ha instalado como parte de la historia aciaga y trágica de México, pero también de lucha del pueblo, que entrará a los libros.
Semanas antes del décimo aniversario de la Noche de Iguala hubo numerosas conferencias, presentación de documentales y hasta una serie de televisión y otros actos, algunos con duras protestas. Era la última semana de la presidencia de AMLO, que dejó el poder sin haber solucionado este crimen político y en medio de protestas y duras recriminaciones. López Obrador añade su nombre a la historia innoble de engaños, maniobras y traiciones cometidas por el gobierno de Peña Nieto y el suyo para proteger a los perpetradores. No es un honor estar con Obrador. Tal vez no fue una casualidad que ese día se aprobó que la Guardia Nacional esté bajo control del Ejército, el cerebro atrás de la represión en éste y en innumerables casos.
La llegada de una nueva presidencia abre otra fase en la causa por verdad y justicia para los 43 normalistas desaparecidos y los seis asesinados. Pero no cabe hacerse ilusiones en que Claudia Sheinbaum avance en el caso porque su administración se presenta como una continuación de la pasada. Tampoco es casualidad que su secretario de seguridad pública sea el policía corrupto Omar García Harfuch, quien estuvo al mando de la Policía Federal, una de las fuerzas armadas que reprimió con mayor agresividad y violencia a los estudiantes normalistas el 26 de septiembre de 2014. La presidenta envía la señal de que los encargados de la represión política tendrán no sólo impunidad sino también poder.
El equipo que se encargó de las investigaciones durante unos años del sexenio de Peña Nieto y con López Obrador, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desentrañó algunos de las principales tramas de la Noche de Iguala, sobre todo al final de su misión. El su VI y último informe, de julio de 2023, encontró datos que revelan que el Ejército tenía infiltrados a los normalistas mediante soldados que los espiaban mientras se hacían pasar como estudiantes y que al aproximarse el 26 de septiembre y ese mismo día sus movimientos fueron motivo de la atención de los principales jefes militares del país, entre ellos el secretario de la Defensa, el general Cienfuegos. Puede concluirse que las sangrientas agresiones que los jóvenes guerrerenses padecieron fueron el resultado de una celada, de un plan de ataque previamente diseñado. Pero lo más importante es que el GIEI en el informe referido concluye que fue el Ejército el principal perpetrador, cuando dice que lo hizo por “motivaciones contrainsurgentes”, con lo cual concluyó dos cosas, que la principal institución armada fue la fuerza agresora y que fue una represión política. Es lamentable que la prensa y los investigadores de este caso casi no hayan reparado en estas afirmaciones del GIEI.
El continuar buscando justicia y verdad en las autoridades del país será desgastante, como lo fue durante los últimos años de AMLO en Palacio Nacional. Resta conseguir que los 800 folios que el Ejército se ha negado a entregar se publiquen. Allí está escrito a dónde fueron llevados los estudiantes cautivos. Por propia revelación del subsecretario Alejandro Encinas, al menos seis de los muchachos permanecieron vivos unos días y fueron ejecutados por orden de un teniente, hoy general del Ejército. Todos tenemos derecho de saber qué pasó con los demás.
Conseguir esta verdad es imprescindible para las víctimas y para todo el país. No puede hablarse de una nación democrática si casi 50 personas son desaparecidas o asesinadas y no existe una explicación por las autoridades del móvil, de quiénes fueron los responsables y del castigo correspondiente. Iguala se trató de una calculada y bien ejecutada represión política llevada a cabo por el Ejército y corporaciones policiales que fueron auxiliadas por narcos.
Desde el año 2022 le hemos propuesto a las madres y padres de los desaparecidos, y a los estudiantes, que busquen verdad y justicia en otros ámbitos, porque en el seno de la “4ta. Transformación” no las habrá.
Puede acudirse a la Corte Penal Internacional, formada precisamente para estos casos. También puede acudirse al Comité de Desaparición Forzada de la ONU, que igualmente fue creado para hechos como la brutal desaparición por el Estado mexicano (militares y policías de todo tipo auxiliados por delincuentes) de los estudiantes normalistas de Guerrero.
